DENUNCIA EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE ECUADOR

El 6 de noviembre de 2008, la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía, CNDVS, presentó en la Defensoría del Pueblo de Ecuador una denuncia por la cual fueron notificados los Ministros de Minas y Petróleos, de Gobierno, de Seguridad Interna y Externa, de Defensa, de Salud, de Ambiente, la Fiscalía General del Estado, el Comandante de Policía, entre otros. Frente a las respuestas dadas por la Ministra de Salud y el Ministro de Defensa, la CNDVS, presentó el documento que sigue, donde además se hace la denuncia formal del caso del compañero Joel Vicente Zhunio Samaniego, y todas/os los encarcelados, perseguidos y enjuiciados por "terrorismo organizado" y otras acusaciones semejantes, y de compañeras del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama agredidas por la policía, en Azuay y Morona Santiago.

El Defensor del Pueblo de Ecuador, Ab. Fernando Gutiérrez, está al tanto de la problemática suscitada a raíz de las protestas contra la ley minera, ya que personalmente se reunió con delegaciones de Molleturo, Indanza, y otras, en Cuenca el 9 de enero de 2009. Allí se le puso al corriente de la persecución que se había desatado contra miembros de la CNDVS, y en especial de la Asociación de Campesinos de Limón Indanza y del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama. De igual manera, en la reunión mantenida el 27 de enero de 2009 en Quito, donde se volvió a insistir en la actuación de la Defensoría del Pueblo para parar la persecución contra las y los defensores de la Vida y la Soberanía.

EQUIPO DE COMUNICACIÓN CNDVS

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SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO DE ECUADOR

LINA SOLANO ORTIZ, dentro de la queja que tengo presentada en esa entidad, trámite defensorial No. 40281-CNDHIG-2008-NBS, a usted respetuosamente digo:

Adjuntamos al indicado trámite una compilación de varios documentos para constancia de nuestros reclamos. También tuvimos el 18 de noviembre una audiencia con Usted y otros funcionarios de la Defensoría, en la que pudimos exponerle en forma personal los problemas que estamos atravesando por la presencia de las transnacionales mineras en nuestras comunidades.

La Defensoría ha dispuesto que los Ministerios de Salud, del Ambiente, de Policía, Defensa entre otros y la Fiscalía General de Estado, informen sobre la responsabilidad en los hechos denunciados, a lo que debo señalar lo siguiente:

1.- El Ministerio de Salud dice que nada tiene que ver con nuestras denuncias presentadas, pero, ¿acaso este Ministerio no tiene nada que decir respecto a la terrible contaminación de los ríos Chico, Gala, Tenguel y Río Siete, cuyos estudios adjuntamos a nuestra denuncia? ¿La salud de la población que se abastece de las aguas de estos ríos contaminados con altísimos niveles de plomo y otros metales pesados, no son de incumbencia de este Ministerio? No es acaso obligación de este Ministerio velar para que se cumplan los DERECHOS DEL BUEN VIVIR, establecidos en nuestra flamante Constitución (Capítulo II), es especial la Sección 2ª, relativa al Ambiente Sano:

"Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistema, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la preservación del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados."

Y en lo que corresponde a Sección 7ª, Salud: "Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir."

Siendo la minería a gran escala un atentado a la salud y la vida de nuestras comunidades, no podemos más que rechazar la respuesta de la Dra. Caroline Judith Chang Campos, Ministra de Salud Pública, quien manifiesta que la denuncia presentada no la hacemos "en contra de esta cartera de Estado" y por tanto dice la Sra. Ministra "no me allano y la alego expresamente."

Es cierto que la denuncia no está directamente establecida contra el Ministerio de Salud, pero evidentemente uno de los problemas centrales por los cuales hemos venido oponiéndonos a la implementación de los megraproyectos mineros es por los gravísimos impactos que tendrá para la salud de la población, y en casos, como los de los ríos en Tenguel, donde ya existe contaminación. Es absolutamente inaceptable entonces esta respuesta de la Ministra, que nos lleva a pensar en el limitadísimo concepto de Salud que tiene esta funcionaria, más aún cuando es parte de un gobierno que acaba de aprobar una Constitución que reconoce el Derecho a la Salud como fundamental para el Sumak Kawsay. El problema de convertir a Ecuador en un país minero no es un problema de "actos administrativos" únicamente, es un problema de hacer que los derechos de las comunidades prevalezcan sobre los de los grandes empresarios de las corporaciones transnacionales, a los que nos les interesa la vida ni el bienestar de las comunidades sino sus ganancias. Y en este sentido están en riesgo DERECHOS DE LIBERTAD tan importantes como los señalados en el Art. 66, numeral 2: "El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable…", y numeral 27: "El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza."

Siendo obligación del Estado velar por la salud de la población ecuatoriana, ¿no hubiera sido lo lógico que este Ministerio tuviera que decir algo respecto de una ley que pretende dar apertura en el país a una de las industrias más contaminantes del planeta? Esto demuestra que la elaboración y aprobación de este nefasto proyecto de ley no tomó en cuenta ni siquiera a otras carteras de Estado, que por obligación constitucional debían haberse involucrado, y no como señala la Sra. Ministra en su contestación que "este Ministerio no es competente para conocer y pronunciarse…" sobre el archivo del Proyecto de la Ley Minera. Simplemente es inaceptable que la Dra. Chang insista en que ese Portafolio "no es competente para conocer sobre los pedido realizado por los denunciantes".

2. Con respecto la documentación presentado por la Fiscalía General del Estado, hay información que está incompleta y que es necesario se de a conocer, porque en base a ella se tendrán los elementos para saber cómo estuvieron involucrados miembros del ejército en los acontecimientos registrados en la parroquia Tundayme, del cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe.

En tal sentido solicitamos se complete la información sobre los casos que fueron remitidas a otras fiscalías y jueces militares, así como se pida una información similar en los casos de las fiscalías de Azuay y Morona Santiago.

3. Nuestra petición ha sido justamente la de que se investigue sobre las violaciones de Derechos Humanos por parte del miembros del ejército pertenecientes al batallón Gualaquiza, suscitados entre el 1 y 4 de diciembre de 2006, información que consta en el adjunto de documentos entregados junto con nuestra denuncia el 6 de noviembre de 2008. En todo caso si el punto es la especificación de los hechos, pues esto lo hacemos a la luz de la propia información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, remitida al Dr. Ney Barrionuevo Silva, el 9 de enero de 2009, en la cual usted puede constatar las denuncias realizadas en el Ministerio Público del Ecuador, Distrito de Zamora Chinchipe en Yantzaza, y que en unos casos han sido remitidas al Juez Militar IV Zona y en otras a la Fiscalía de Asuntos Indígenas, que las detallamos a continuación:

No. Indagación	Lugar y fecha de los hechos	Identidad ofendidos	Identidad indagados	Estado de la investigación
10-2007	Tundayme cantón El Pangui. 3-XII-06	Yolanda Chamik Kukush	Miembros del Ejército	Se remite a la Fiscalía de Asuntos Indígenas 16-IX-08
11-2007	Tundayme cantón El Pangui. 3-XII-06	María Lucrecia Mankash Taish	Miembros del Ejército	Se remite a Fiscalía Asuntos Indígenas 16-IX-08
13-2007	Tundayme cantón El Pangui. 3-XII-06	Elsa María Sharup Naichap	Miembros del Ejército	Se remite a Fiscalía Asuntos Indígenas

Estos son algunos de los pocos casos que se denunciaron en la Fiscalía de Yantzaza, ya que una comisión encabezada por Dr. Lizardo Martínez Andrade, VICEMINISTRO DE TRABAJO Y EMPLEO, quien vino delegado por el Ministro de Trabajo a de aquel entonces Dr. José Serrano, según consta en el oficio VMTE/06/172, recogió una gran cantidad de denuncias, las cuales se pensó servirían para que los responsables pudieran ser procesados, cosa que jamás sucedió. También consta denuncia sobre estos hechos en el oficio dirigido al Econ. Alberto Acosta, Ministro de Energía y Minas, con fecha 21 de enero de 2007, suscrito por varias autoridades de Zamora y Morona Santiago, y en el oficio N. 106 CEDHU/07, donde se adjuntan varias denuncias recibidas por esa institución. Estos documentos ya fueron adjuntados a nuestra denuncia.

Cabe señalar que los manifestantes también fueron acusados por parte de trabajadores de Ecuacorriente y el ejército, que realizó denuncias temerarias y mal intencionadas sobre que supuestamente los manifestantes habrían tenido el objetivo de tomarse instalaciones militares ubicadas en esta zona, para con ello tratar de justificar lo que hicieron con la población civil, sin embargo la Asamblea Constituyente concedió la Amnistía para todos estos juicios, ya que esos sí "carecían de fundamentos de hecho y derecho", dejándose sentado que las manifestaciones fueron pacíficas y justas en defensa de nuestras comunidades y la naturaleza, como así consta en el texto de la Amnistía otorgada en marzo de 2008.

En virtud de lo expuesto, rechazamos absolutamente la respuesta dada por los representantes del Ministerio de Defensa que tratan de desestimar nuestra denuncia por supuesta carencia de información, cuando lo que hemos pedido justamente es que se investigue sobre estos hechos, para lo que presentamos la antes mencionada documentación. Es absolutamente inaceptable la petición de que nuestra denuncia sea rechazada, más bien insistimos y nos reiteramos en nuestros pedido de que se investigue sobre las violaciones de Derechos Humanos cometidas por el ejército y que no se deje en la impunidad a los autores, cómplices y encubridores, pues entendemos que esta información debe ser de dominio de los representantes del Ministerio de Defensa, pues como consta en la documentación entregada por la Fiscalía General se encuentran remitida al Juez Militar de la IV Zona, y entendemos que si se está dando trámite en la Fiscalía de Asuntos Indígenas también el Ministerio debe estar en conocimiento.

II

Por otra parte, queremos referirnos a la denuncia en torno al caso del compañero Vicente Zhunio quien se encuentra detenido en forma arbitraria, ilegal e ilegítima, en la cárcel de Macas, como lo señalamos en el documento adjunto titulado VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES EN EL CASO DE JOEL VICENTE ZHUNIO SAMANIEGO, de siete fojas útiles; para ello también adjuntamos copia certificada del juicio No. 02-2009 del Juzgado Cuarto de lo Penal y Tránsito de Morona Santiago en Méndez, en 22 fojas útiles, así como copias de los certificados médicos del Hospital General de Macas y del médico Neurocirujano del Hospital Regional del IESS de Cuenca, en donde existe violación al debido proceso, por lo que solicito que luego de su verificación se solicite AL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA se sancione a los funcionarios judiciales que tienen que ver con las indicadas violaciones a la Ley y al DEBIDO PROCESO.

Además solicito se investigue la situación de nuestras compañeras y compañeros encarcelados, perseguidos y enjuiciados, como se lo dimos a conocer en forma personal el viernes 9 de enero de 2009, en la reunión de trabajo mantenida con usted en la Defensoría del Pueblo de Azuay, en la ciudad de Cuenca.

NOMBRE DE LOS ENCARCELADOS	Día y lugar de la detención	Centro de retención	No. Instrucción Fiscal
Joel Vicente Zhunio Samaniego	5 enero 2009 INDANZA	Cárcel de Macas MORONA SANTIAGO	02-09
Angel Geovani Uyaguari Zuñiga	21 enero 2009 GUALAQUIZA	Cárcel de Macas MORONA SANTIAGO
Carlos Gustavo Rumipulla Uyaguari	21 enero 2009 GUALAQUIZA	Cárcel de Macas MORONA SANTIAGO
Cléber Oswaldo Lalvay Morocho	21 enero 2009 GUALAQUIZA	Cárcel de Macas MORONA SANTIAGO
Vicente Germán Naikei Shiki	21 enero 2009 GUALAQUIZA	Cárcel de Macas MORONA SANTIAGO
Miguel Angel de la Cruz Morales	10 enero 2009 MOLLETURO	Cárcel de Cuenca AZUAY	04-09
Miguel Criollo	7 enero 2009 MOLLETURO	Cárcel de Cuenca AZUAY	16-09

NOMBRE DE LOS ENCARCELADOS	JUEZ/JUZGADO	FISCAL
Joel Vicente Zhunio Samaniego	Dr. Juan Esteban Uyaguari Brito IV de lo Penal de Morona Santigo (Méndez)	Dr. Miguel Ángel Villamagua Jiménez
Angel Geovani Uyaguari Zuñiga	Dr. José Vásquez Chica III de lo Penal (Gualaquiza)	Dra. Fanny Jácome Astudillo
Carlos Gustavo Rumipulla Uyaguari	Dr. José Vásquez Chica III de lo Penal (Gualaquiza)	Dra. Fanny Jácome Astudillo
Cléber Oswaldo Lalvay Morocho	Dr. José Vásquez Chica III de lo Penal (Gualaquiza)	Dra. Fanny Jácome Astudillo
Vicente Germán Naikei Shiki	Dr. José Vásquez Chica III de lo Penal (Gualaquiza)	Dra. Fanny Jácome Astudillo
Miguel Angel de la Cruz Morales	Dr. Simón Valdivieso II de lo Penal de Azuay	Leonardo Amoroso
Miguel Criollo	Dr. Simón Valdivieso II de lo Penal de Azuay	Julio Inga

Por la Instrucción Fiscal No. 04-2009 tienen orden de prisión:

- Georgina Gutama, campesina de Molleturo de 60 años de edad, que es miembro del Directorio del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.

- Manuel Pachecho, Presidente de la Junta Cívica de Molleturo.

- Ana Paucar

A más de todos los que se encuentran detenidos tienen procesos judiciales las siguientes compañeras y compañeros:

NOMBRE DE LOS ENJUICIADOS	FISCALIA/ FISCAL	JUZGADO/JUEZ	No. Instrucción Fiscal
Isaura Espinoza	De Méndez		01-09
Aida Zhunio	De Méndez		01-09
Teresa Zhunio	De Méndez		01-09
Luz Salina	De Méndez		01-09
Ismael Suárez	De Méndez		01-09
Julio Maita	De Méndez		01-09
Rosa Yolanda Gutama Bermeo	Dr. Iván Saquicela	II de lo Penal Dr. Simón Valdivieso	06-2009
Rosa Etelvina Misacango Chuñir	Dr. Iván Saquicela	II de lo Penal Dr. Simón Valdivieso	06-2009
María Virginia Chuñir Criollo	Dr. Iván Saquicela	II de lo Penal Dr. Simón Valdivieso	06-2009
Cristóbal Misacango	Dr. Iván Saquicela	II de lo Penal Dr. Simón Valdivieso	06-2009
Orlando Criollo	Dr. Leonardo Amoroso	II de lo Penal Dr. Simón Valdivieso	16-09

Expresamos nuestra enorme preocupación por las acusaciones que se están haciendo hacia nuestras compañeras y compañeros. Es inadmisible que se hagan cargos de terrorismo organizado y sabotaje, que significan varios años de cárcel, lo cual a nuestro entender es la forma como el gobierno de Rafael Correa quiere aleccionar a todo el movimiento para detener la resistencia contra las mineras transnacionales. Nuestras compañeras y compañeros son defensoras/es de derechos, defensoras/res del agua, la vida y la soberanía, por tanto estos injustos juicios deben ser archivados, y en el caso de los detenidos, ser puestos en libertad inmediatamente.

III

Adjuntamos también a nuestro trámite No. 40281-CNDHIG-2008-NBS, copia de las denuncias presentadas en la Defensoría del Pueblo de Azuay por las violaciones de Derechos Humanos cometidas contra de compañeras del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama de Victoria del Portete y Molleturo, por parte de miembros de la policía.

DENUNCIANTE	DENUNCIADO	Fecha de la agresión
Narcisa de Jesús Sánchez Marín	Mayor Omar León	5 de enero de 2009
Rosa Yolanda Gutama Bermeo	Comandante de policía Azuay	5 de enero de 2009
Rosa Etelvina Misacango Chuñir	Comandante de policía Azuay	5 de enero de 2009
Maria Virginia Chuñir Criollo	Comandante de policía Azuay	5 de enero de 2009

Finalmente queremos expresar que como Defensores de Derechos estamos siendo agredidos por el Estado, el gobierno y las mineras, y nos preocupa la indefensión en la que nos encontramos, por lo que solicitamos Sr. Defensor, el cumplimiento de lo que determina la flamante Constitución vigente y los tratados y pactos internacionales, pues de nada nos sirve una la Carta Magna que solo es "un canto a la vida", sino que necesitamos que se haga realidad, práctica, que la Defensoría del Pueblo cumpla con su función de proteger y ser tutor los derechos de los ecuatorianas y ecuatorianos, ejerciendo con decisión las atribuciones que le faculta el Art. 215 de la Constitución.

Firmo con mi Abogado defensor

Lina Solano Ortiz, Dr. Patricio León

MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE LA ABOGADO

COORDINADORA NACIONAL

POR LA DEFENSA DE AL VIDA Y SOBERANÍA